Los magistrados de la Corte de Apelación de Santiago afirmaron que tanto el fiscal como Aduanas pidieron la libertad de tres implicados en el fraude
Escrito por: SILVIO CABRERA (s.cabrera@elnacional.com.do)
La Dirección General de Aduanas, además del Ministerio Público, pidió a la Corte de Apelación de Santiago la puesta en libertad de los tres imputados en el escándalo de los furgones repletos de artículos que fueron despachados sin la aplicación de las correspondientes verificaciones y controles aduaneros.
La aclaración la hizo la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, a través de un escrito en el portal electrónico de la Suprema Corte de Justicia, en donde publica las motivaciones de la resolución mediante la cual se les otorgó la libertad a Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa, dictada el 25 de agosto.
En el escrito del portal de la Suprema, se hace constar que en un juicio, “el juez es un tercero atado a la petición de las partes, lo que se denomina principio de justicia rogada, lo que permea y abarca todo el proceso”.
A modo de ejemplo, en el escrito se recuerda el artículo 180 del Código Procesal Penal, que dispone que los allanamientos tienen que solicitárselos al juez el Ministerio Público o la Policía.
Recuerda también que el artículo 41 del Código Procesal Penal dispone que el juez, a propósito de una suspensión condicional del procedimiento, no puede imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el Ministerio Público y que el articulo 228 dispone, a propósito de medidas de coerción, que es el caso que nos ocupa, que “en ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.
Dice el escrito que el artículo 336, a propósito del juicio, establece que el juez nunca puede imponer penas superiores a las solicitadas por las partes acusadoras.
La Corte explicó que, tomando en cuenta el citado marco jurídico y los pedimentos del Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas, fue que procedió a variarles la medida de coerción a los imputados.
Según lo publicado en el citado portal, para justificar la puesta en libertad, el Ministerio Público le dijo a la Corte que “quizás por la rapidez con que se conoció en primer grado la medida de coerción, fue que se le impuso prisión preventiva, pero que la prisión preventiva no se justifica porque se trata de un caso de evasión de impuestos, de un delito económico”.
Dijeron los jueces en dicho escrito, que de forma sorpresiva, e incluso ilógica, a pesar de que la Dirección General de Aduanas refutó el planteamiento del Ministerio Público y le dijo a la Corte que no solo se trataba de un delito económico, sino que también había asociación de malhechores y falsedad en escritura pública, le pidió a la Corte que los tres imputados fueran puestos en libertad, al adherirse a las conclusiones del Ministerio Público.
“ Salta a la vista que la Corte no tiene ninguna otra alternativa que no sea, con base en el principio de justicia rogada, ordenar la libertad de los tres co-imputados, aplicándoles las medidas de coerción que solicitaron el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas”, dijeron los jueces de la Corte de Apelación de Santiago en el escrito.
“En lenguaje llano, lo que ha ocurrido en este caso es que al estrado han subido tres jueces, conformando la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y la Dirección General de Aduanas le ha pedido a los jueces que pongan en libertad a los tres co-imputados, y lo mismo ha hecho el Ministerio Público y los abogados defensores también, y como los jueces son terceros imparciales que por la separación de funciones no investigan, ni persiguen, ni solicitan sanciones, sino que las aplican, si se las piden, estamos en la obligación de sustituir la prisión preventiva, que fue lo que pidieron todas las partes”, manifestaron los jueces en el escrito.
